El Gobierno busca desprenderse de AYSA y acelera el decreto que da inicio a la privatización: los detalles

Actualmente, el Estado posee el 90% de las acciones de AySA, mientras que el 10% restante pertenece a los empleados a través de un Programa de Participación Accionaria. La empresa cuenta con 6.344 empleados y opera en una superficie de 3.363,51 km², atendiendo a más de 3,7 millones de usuarios residenciales y no residenciales. En 2024, AySA registró ingresos corrientes por $934.271 millones y gastos por $775.041 millones, incluyendo inversiones significativas en obras de infraestructura .

La iniciativa de privatización se enmarca en el plan de reestructuración y reducción del Estado impulsado por el Gobierno, que ya ha avanzado en procesos similares con otras empresas públicas como Belgrano Cargas, Corredores Viales, Intercargo y Energía Argentina S.A. (Enarsa). La Agencia de Transformación de las Empresas Públicas, liderada por Diego Chaher, es la encargada de preparar los pliegos correspondientes. Se espera que los procesos de venta pasen por la comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones del Congreso, con informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre el estado legal y financiero de las empresas involucradas .

La privatización de AySA ha generado diversas reacciones. Mientras el Gobierno argumenta que la medida busca mejorar la eficiencia y reducir el déficit fiscal, sectores sindicales y sociales expresan preocupación por el impacto en el acceso al agua como derecho humano, la sostenibilidad ambiental y las condiciones laborales de los empleados .